La intensificación de las operaciones de control migratorio de las autoridades federales ha generado preocupación entre comunidades inmigrantes de Nueva Jersey, un estado donde numerosas ciudades cuentan con importantes poblaciones latinoamericanas.

Durante 2026 se han producido operativos y detenciones de inmigrantes en distintos puntos del estado. Una investigación publicada en junio identificó cientos de arrestos realizados por agentes de ICE en calles de Nueva York y Nueva Jersey y señaló que más del 93% de las personas detenidas en el conjunto de casos analizados procedían de países latinoamericanos. La investigación se basó en más de 1.200 demandas relacionadas con detenciones.

En Nueva Jersey, ciudades como Passaic y Plainfield aparecen entre las comunidades donde se han registrado detenciones callejeras. La situación ha generado preocupación entre familias que temen que una detención pueda provocar separaciones familiares, pérdida de ingresos y dificultades para continuar con trámites migratorios.

El choque entre las autoridades estatales y el Gobierno federal

Nueva Jersey mantiene normas que limitan la cooperación voluntaria de las policías estatales y locales con las autoridades federales en materia de inmigración. Según la Oficina de Nuevos Americanos del estado, los agentes locales generalmente no pueden detener, interrogar, registrar o arrestar a una persona únicamente por su situación migratoria ni participar voluntariamente en operaciones civiles de control migratorio, aunque existen excepciones relacionadas con delitos, órdenes judiciales y otras circunstancias.

La administración estatal también ha adoptado medidas específicas frente a las operaciones de ICE. En febrero, la gobernadora Mikie Sherrill firmó una orden ejecutiva que restringe determinadas operaciones de ICE en propiedades estatales y puso en marcha un portal para que los residentes puedan informar sobre posibles abusos o violaciones de derechos durante interacciones con agentes federales.

El Gobierno federal, por su parte, ha cuestionado estas medidas. El Departamento de Justicia presentó en febrero una demanda contra Nueva Jersey y la gobernadora, argumentando que las políticas estatales interfieren con la aplicación federal de las leyes migratorias.

Más recursos para la defensa legal

Ante el incremento de las detenciones, Nueva Jersey anunció en junio una ampliación de los fondos destinados a la defensa legal de inmigrantes detenidos. El estado elevó a 20,2 millones de dólares la financiación de su Detention and Deportation Defense Initiative (DDDI), destinada a ampliar el acceso a abogados para personas de bajos ingresos que enfrentan procesos de deportación.

El estado también creó una iniciativa de respuesta legal rápida para ampliar la capacidad de presentar recursos judiciales en casos de detención migratoria. Las autoridades advierten, sin embargo, que no todas las personas detenidas tienen garantizada la representación legal.

Una comunidad pendiente de sus derechos

Para muchas familias latinas, el debate migratorio se ha convertido en una preocupación cotidiana. La posibilidad de una detención afecta no solamente a quienes carecen de estatus migratorio, sino también a familias mixtas en las que algunos integrantes son ciudadanos estadounidenses o tienen una situación migratoria diferente.

Las autoridades de Nueva Jersey recomiendan a las personas detenidas no resistirse al arresto, ejercer su derecho a permanecer en silencio y solicitar un abogado y un intérprete. El estado también ofrece información sobre cómo localizar a una persona que se encuentre bajo custodia de ICE.

La situación refleja una disputa más amplia entre la política federal de control migratorio y las medidas adoptadas por Nueva Jersey para limitar la participación de sus instituciones en la aplicación de las leyes migratorias federales. Mientras continúan las acciones de ICE y los procesos judiciales, las comunidades latinas del estado permanecen atentas a posibles nuevas operaciones y a los cambios en las políticas migratorias.