El estado de Nueva Jersey ha iniciado una acción legal contra la empresa privada GEO Group, responsable de la administración del centro de detención migratoria Delaney Hall, luego de que las autoridades estatales denunciaran que la compañía ha impedido el acceso de inspectores encargados de verificar las condiciones sanitarias y de seguridad de la instalación.

La demanda se produce en medio de una creciente controversia sobre el trato que reciben los inmigrantes detenidos en el centro, donde organizaciones defensoras de derechos civiles, familiares y legisladores han denunciado presuntas condiciones inadecuadas, falta de atención médica, problemas con la alimentación y restricciones en las comunicaciones de los detenidos.

Crecen las denuncias

En las últimas semanas, cientos de migrantes recluidos en Delaney Hall han protagonizado protestas y huelgas de hambre para denunciar lo que describen como condiciones inhumanas dentro del centro. Los detenidos aseguran enfrentar hacinamiento, alimentos en mal estado y retrasos prolongados en sus procesos migratorios.

Las manifestaciones también se han trasladado al exterior de la instalación, donde familiares, activistas y líderes comunitarios han exigido mayor transparencia sobre el funcionamiento del centro y el acceso de organismos independientes para supervisar las condiciones de detención.

El argumento del Estado

Las autoridades de Nueva Jersey sostienen que ninguna empresa privada está por encima de las leyes estatales y que los inspectores deben tener acceso para garantizar que se cumplan los estándares básicos de salud y seguridad.

La disputa legal busca que GEO Group permita las inspecciones y entregue información relacionada con la operación del centro, una instalación que ha estado bajo escrutinio desde su reapertura para albergar a inmigrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Respuesta de las autoridades federales

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y funcionarios de ICE han rechazado las acusaciones de maltrato. Las autoridades federales afirman que los detenidos reciben alimentación, atención médica y servicios básicos adecuados, y han cuestionado algunas de las denuncias realizadas por activistas y familiares.

Sin embargo, la presión pública continúa creciendo, especialmente después de que legisladores federales y estatales visitaran la instalación y escucharan testimonios preocupantes de personas detenidas y sus familiares.

Un debate que va más allá de Nueva Jersey

El caso de Delaney Hall se ha convertido en un símbolo del debate nacional sobre la expansión de los centros de detención migratoria administrados por compañías privadas. Defensores de los derechos de los inmigrantes argumentan que la supervisión independiente es esencial para garantizar condiciones humanas y transparencia en instalaciones que albergan a miles de personas mientras esperan la resolución de sus casos migratorios.

Mientras la demanda avanza en los tribunales, organizaciones comunitarias y líderes locales continúan exigiendo acceso, supervisión y rendición de cuentas sobre lo que ocurre dentro de uno de los centros de detención más controvertidos del noreste de Estados Unidos